Informe de Amnistía Internacional, 2014/15: #DerechosHumanos en el mundo.

«El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos». En caso contrario, las perspectivas son sombrías. — Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

«La respuesta de la comunidad internacional a los conflictos y violaciones cometidas por estados y grupos armados es escandalosa, e inoperante. Frente a la intensificación de los bárbaros ataques y la represión sufrida por las comunidades, la respuesta de la comunidad internacional ha sido la ausencia». Sería —resumido, el balance del informe anual 2014/15 de Amnistía Internacional en 160 países y territorios sobre el estado de los derechos humanos en el mundo; y una palabra: catástrofe.

Inacción de la comunidad internacional

Salil-ShettyEl Consejo de Seguridad de la ONU eludió reiteradamente abordar la crisis de Siria en años anteriores, cuando aún se podrían haber salvado innumerables vidas. Esa inacción continuó en 2014. Durante los últimos cuatro años han muerto más de 200.000 personas, en su gran mayoría civiles, principalmente en ataques de las fuerzas gubernamentales. Alrededor de 4 millones de personas procedentes de Siria son ahora refugiados en otros países, y más de 7,6 millones se encuentran desplazadas dentro de Siria.

La crisis de Siria está muy ligada a la de su vecino Irak. El grupo armado autodenominado Estado Islámico (anteriormente Estado Islámico de Irak y el Levante), responsable de crímenes de guerra en Siria, ha llevado a cabo secuestros, homicidios a modo de ejecuciones y una limpieza étnica a gran escala en el norte de Irak. En paralelo, las milicias chiíes de Irak han perpetrado decenas de secuestros y homicidios de civiles suníes con el apoyo tácito del gobierno iraquí.

El ataque contra Gaza perpetrado en julio por las fuerzas israelíes se cobró la vida de 2.000 palestinos. Y, de nuevo, la mayoría –al menos 1.500– eran civiles. Tal como Amnistía Internacional expuso en un análisis detallado, se aplicó una política marcada por una cruel indiferencia y que implicó crímenes de guerra. Hamás también cometió crímenes de guerra, disparando cohetes indiscriminadamente contra Israel en acciones que causaron seis muertos.

Veto del Consejo de Seguridad de la ONU

En los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil– debido a intereses creados o conveniencias políticasAmnistía Internacional pide que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades.

VETO DE LA ONU


No vivimos en un mundo en paz, ni mucho menos. Refugiados en nuestro relativo confort, una parte importante del occidente feliz ignora lo que está ocurriendo en el mundo en este comienzo del siglo XXI: una catástrofe para millones de personas víctimas de las guerras, los fundamentalismos, los desplazamientos forzosos, los ataques medioambientales […]

#Informe2015 AmnistiaInternacionalLa Organización de Naciones Unidas (ONU) se creó hace 70 años para que no volvieran a repetirse nunca las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy seguimos asistiendo a episodios de violencia masiva contra poblaciones enteras y a una crisis de refugiados que no conoce precedente, como consecuencia de esa violencia. Y no se ha hecho ningún esfuerzo extraordinario para encontrar soluciones efectivas a las necesidades actuales más urgentes. «Los actuales dirigentes tienen que adoptar medidas urgentes para hacer frente a los conflictos y proteger a los civiles de la atroz violencia perpetrada por Estados y grupos armados». — Amnistía Internacional

La situación en España

En España, el gobierno sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas. Una de ellas, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información. Para la organización también han sido de especial preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión. En junio, la Fiscalía solicitó el cierre de la investigación sobre las denuncias de abusos policiales formuladas por 26 participantes en la concentración “Rodea el Congreso” que tuvo lugar en septiembre de 2012; al acabar 2014 seguía pendiente una decisión judicial sobre el archivo de la causa. Durante la concentración, agentes de policía sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma y amenazaron a periodistas que cubrían la información del acto. En septiembre, el juez instructor de la causa de Ester Quintana [perdió el ojo izquierdo al ser alcanzada por una pelota de goma disparada por agentes de policía durante una manifestación celebrada en Barcelona en noviembre de 2012], decidió formalmente procesar a dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por causarle lesiones graves.

La reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, y sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura. Mediante la reforma de la jurisdicción universal se ha limitado las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España.

Informe 2015 Amnistia InternacionalTambién las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. Amnistía Internacional ha seguido denunciando un uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera contra refugiados, migrantes y solicitantes de asilo por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley . Las autoridades también pretenden legalizar la práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional, mediante una enmienda introducida en la LOSC. Agentes de la Guardia Civil emplearon material anti-disturbios –- pelotas de goma, cartuchos de fogueo y botes de humo -– para impedirlo. Murieron ahogadas 15 personas. A final del año seguía abierta una investigación judicial. Cientos de miles de migrantes irregulares seguían teniendo acceso limitado a asistencia médica como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012. Con algunas excepciones, los migrantes indocumentados debían pagar los servicios de atención a la salud, incluida la asistencia médica primaria. En noviembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa señaló que el Real Decreto-ley 16/2012 vulneraba la Carta Social Europea. Al final del año, las autoridades habían concedido protección internacional a 1.205 personas. Sólo a 255 se les reconoció la condición de refugiados. Aunque el gobierno había anunciado en diciembre de 2013 que reasentaría a 130 refugiados sirios, al final de 2014 no había reasentado a ninguno.

Delitos de Derecho internacional
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Las definiciones de tortura y desaparición forzada en la legislación española seguían sin ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Las enmiendas a la legislación que regulaba la jurisdicción universal en España, en vigor desde el 14 de marzo, limitaban las atribuciones de las autoridades españolas para investigar delitos de derecho internacional –como genocidio, tortura, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad– cometidos fuera de España. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, 170 Informe 2014/15 Amnistía Internacional la reparación y las garantías de no repetición, ambos de la ONU, criticaron en julio las reformas.

IMPUNIDAD: Se siguió privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen de Francisco Franco (1939-1975). Las autoridades españolas no prestaron asistencia adecuada al poder judicial argentino, que ejercía la jurisdicción universal para investigar delitos de derecho internacional cometidos durante el periodo franquista. En julio, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió a las autoridades españolas que redoblaran esfuerzos para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas durante el franquismo.

Según el Ministerio del Interior español, en 2013 se registraron 1.172 crímenes de odio, la mayoría basados en la orientación sexual y en la identidad y el origen étnico.

Medidas antiterroristas y Seguridad
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España siguió rehusando adoptar la recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos sobre dejar de aplicar la detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delitos de terrorismo. En enero habían sido liberados al menos 63 miembros de ETA después de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013 en el caso Del Río Prada, que establecía que la “Doctrina Parot” del Tribunal Supremo español sobre delitos graves violaba el derecho a la libertad y a que no haya pena sin ley. El Tribunal Supremo había dictado en 2006 una sentencia que invertía la tendencia de la jurisprudencia anterior al excluir en la práctica la posibilidad de la excarcelación anticipada para las personas condenadas a penas consecutivas de prisión por múltiples cargos.

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(…) Desde Washington a Damasco y desde Abuja a Colombo, los líderes gubernamentales han justificado terribles violaciones de derechos humanos arguyendo la necesidad de mantener la “seguridad” en el país. En realidad, ocurre lo contrario. Esas violaciones de derechos humanos son un motivo importante por el que hoy en día vivimos en un mundo tan peligroso.

Sin derechos humanos no puede haber seguridad. Hemos visto una y otra vez que, aun en épocas que parecen funestas para los derechos humanos —y quizá especialmente en esas épocas—, es posible generar un cambio extraordinario. Debemos esperar que, cuando en años venideros miremos hacia 2014, lo que hemos vivido este año se considere un nadir —el punto más bajo alcanzable— a partir del cual nos hayamos alzado y creado un futuro mejor.

Informe 2015 Amnistia Internacional

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Fuente/s

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