El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales

Leyendo este titular: la nueva asignatura de Religión obligará a los niños a rezar en claseme preguntaba cuán de sensacionalista, verídico y aclaratorio ‘entre otras razones’ tendría. Acabada su lectura, a mi modesto entender el quid de la cuestión no es obligar a los menores a rezar en clase que — hoy por hoy debido a elección — cursan dicha asignatura. Sin extenderme, principalmente no compete a mí ni soy quien para «juzgar, polemizar, demonizar» etcétera aquello que se encuentra bajo estricta tutela de los progenitores, por derechoelección; […] por ser de carácter personal, perteneciente al ámbito familiar; exclusivamente. Sencillo y claro ¿o no?

Una de las manifestaciones más evidentes de la protección de la familia en el ámbito jurídico-constitucional es su integración en el marco del derecho a la intimidad. Tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como el Legislador con la Ley 1/1982 se ocupan de señalar que toda intromisión en el ámbito familiar constituye un atentado contra el derecho a la intimidad de las personas.

Bien, dicho esto, por supuesto que objeto sobre casi el resto — aquello y que según mi criterio — puede afectarme de manera directa como ciudadana; lo llevo haciendo mucho tiempo y así seguirá siendo.

En el año 1979, la Constitución daba paso dejando atrás la España ultra-católica del Dictador Francisco Franco, consagrando en su artículo 16 la garantía de «libertad religiosa y de culto» y que «ninguna confesión tendría carácter estatal». Pero […]

El quid de la cuestión 

«BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 2015, páginas 15739 a 15761 (23 págs.)

TEXTO

El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza que el alumnado de la Educación Primaria y Secundaria obligatoria que así lo solicite tienen derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas.

Asimismo, dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión es competencia de la autoridad religiosa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo suscrito con el Estado español. El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que ese establece el currículo básico de la Educación Primaria, indica en su disposición adicional segunda que la determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su disposición adicional tercera, que la determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha determinado los currículos de la enseñanza de la religión católica para la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española. Primero. Dar publicidad al currículo de la asignatura de Religión Católica de la Educación Primaria que se incluye en el anexo I. Segundo. Dar publicidad al currículo de la asignatura de Religión Católica de la Educación Secundaria Obligatoria que se incluye en el anexo II. Tercero. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 11 de febrero de 2015.–El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez Pérez.
BOE Religion

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Acuerdo con la Santa Sede de 1979

A dicho acuerdo, se han añadido clausulas concretas de manera sucesiva, acentuando así más privilegios. Como son ‘entre otras’ las que reconoce vínculos específicos entre Educación e Iglesia; Impuestos e Iglesia [leer: La Iglesia católica española se está convirtiendo en la mayor inmobiliaria de España]. El Estado Español reconocía a la Iglesia Católica en virtud del artículo I, el derecho a ejercer su misión apostólica garantizando «el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, especialmente las de culto, magisterio y jurisdicción». Los poderes públicos tienen además la obligación de crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho — acto ‘promocional’ inscrito en la obligación establecida en el artículo 9.2 de la Constitución Española — teniendo en cuenta las creencias de la sociedad, y manteniendo relaciones de cooperación con las diferentes confesiones religiosas [artículo 16.3 de la Constitución Española].

Religión Católica en el BOE

Financiacion-de-la-Iglesia

Ciertamente, la libertad religiosa es un derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Constitución Española (CE) junto a la libertad ideológica, y objeto de desarrollo por ley orgánica, la Ley 7/1980, de 5 de julio (LOLR). A ello, además se añaden los Acuerdos con las confesiones religiosas que tienen la naturaleza de convenio internacional en el caso de la Iglesia Católica y de leyes estatales en el caso de los Acuerdos firmados al amparo de la LOLR.

En definitiva, todas las Administraciones Públicas — no solo el Estado — prestan servicios o ejercen competencias afectando de alguna manera al ejercicio de la libertad religiosa. En el caso de las Corporaciones Locales:

  • – Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística
  • – Cementerios y servicios funerarios
  • – Mataderos
  • – Centros docentes públicos
  • – Servicios sociales
  • – Seguridad ciudadana
  • – Participación ciudadana

Insisto

El artículo 16 de la Constitución española reconoce el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto que se configura como un derecho subjetivo de naturaleza fundamental. [1]  Según reiterada jurisprudencia, este derecho «no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto la concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende además una dimensión externa de agere licere con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito, ni padecer la compulsión o injerencia de los poderes públicos». [2]  Ello supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía de los individuos y de los grupos en los que éstos se integran frente al Estado y frente a terceros, de manera que se reconoce la facultad a toda persona para formar su conciencia y tener sus propias convicciones, con plena inmunidad de coacción. Desde esta perspectiva, corresponde a los poderes públicos garantizar que nadie invada o viole el legítimo ámbito de ejercicio de cada persona o de cada grupo respecto de sus prácticas religiosas, ideológicas, filosóficas o de culto y reaccionar en caso de vulneración del mismo. [3]  El fundamento de este derecho se encuentra en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad a que se refiere el artículo 10.1 de la Constitución y que el Tribunal Constitucional ha definido como «un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás». [4] Por tanto, el derecho a la libertad ideológica y religiosa del artículo 16 de la Constitución comprendería una triple dimensión que constituye el contenido tradicional de este derecho en el ámbito internacional: el derecho a tener unas u otras convicciones y cambiarlas, lo que implica, a su vez, el derecho a la libre formación de la conciencia; el derecho a expresar o no sus convicciones y, por último, el derecho a comportarse de acuerdo con la propia conciencia dentro de los límites del derecho. [5]

_____________________________

  1. STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1.
  2. STC 137/1990, de 19 de junio, FJ 8; STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 5; STC 20/1990, de 15 de febrero.
  3. La libertad de conciencia y los sentimientos religiosos constituye un bien jurídico objeto de una tutela penal específica en los artículos 522 a 526 del Código Penal que tipifica, entre otras, las conductas de quien mediante violencia, intimidación u otro apremio ilegítimo impide practicar o asistir a los actos propios de las creencias que se profesen, u obligan a asistir a los mismos o fuerzan a profesar o no una religión o mudar la que se tuviere. Cabría también en este punto hacer referencia a la condición de datos especialmente protegidos que tienen los relativos a la ideología o la religión a efectos de la normativa de Protección de datos de carácter personal (ver. art. 7 LO15/1999, de 13 de diciembre).
  4. STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8
  5. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, las prácticas el culto, y la observancia. En el mismo sentido, ver art. 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950, o el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966

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Ciertamente, [disculpen la enésima repetición] y en resumen para finalizar: «la creencia religiosa — formaría — parte del ámbito privado de las personas, así como los poderes públicos — deberían — ser imparciales frente a las creencias, convicciones de la ciudadanía, e igualmente la separación entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas ¡debería! estar garantizada». — Algo utópico e inimaginable visto lo visto.

A este post, evidentemente, no puede ser calificado de titular, ni por novedoso, ni […] Únicamente, comencé por una serie de cuestiones que me llevaron a lamentar la escasa o nula necesidad general por ir un «pelín» más allá. Porque, soy consciente, me consta que las preocupaciones del común del ser humano son demasiadas y muy graves; porque, en todo esto y más allá del rezo ¿¡estamos seguras que de anticonstitucional no hay nada!?

@ferranmartin

—Loli Lopesino.

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10 Respuestas a “El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales

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  2. No me lo puedo creer. Vale que el meapilas del Fernandez manifieste su odio legislando contra los que seguirían a Cristo si viviera, pero que se vuelva a rezar en las escuelas, no me lo creo. Esto lo lee el Papa de roma y se descojona fijo. Es lo que se llama ser mas papista que el papa. Es algo mas propio de la caspa que de la casta. Venga Loli rezate dos ó tres rosarios y arrepientete de tus pecados que te vas a condenar.

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